RAJOY,
PRESENTA EL PROGRAMA DE LA GRAN BANCA INTERNACIONAL
La
presentación del programa de Gobierno del PP, por parte de
Mariano Rajoy, durante la sesión de su investidura como
presidente de Gobierno en el Congreso, no deja lugar a dudas
sobre cuáles son las verdaderas intenciones de la derecha
política (y económica) y lo que va a pasar. A este respecto,
no debe engañarnos cierta pose y ciertas formas
diplomáticas, cuando las palabras utilizadas son las que son
y expresan lo que expresan. No pueden ocultar la verdad
terrible que se avecina.
El ya actual presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha
remarcado tres propuestas clave en política económica, que
merecen una especial atención:
- Estabilidad presupuestaria en las cuentas públicas.
- Saneamiento de la banca española para consolidarla en los
mercados financieros.
- Reformas estructurales para mayor competitividad
(simplificación del Sector Público, "modernización" laboral,
marco fiscal "adecuado").
Todo ello implica un claro intento de socavar las bases del
"Estado del Bienestar" en España, disminuyendo la capacidad
de intervención y el propio "tamaño" del Estado;
fortaleciendo todavía más a la banca española que ya ha
recibido importantes inyecciones financieras del Estado; y,
por último, desregulando el mercado laboral y reduciendo los
impuestos. España está al borde de culminar su refundación a
la americana, con el agravante de que los ritmos ahora, con
respecto a las dos décadas anteriores, pueden acelerarse con
unos costes sociales altísimos.
Por si esto fuera poco, se anuncia un ambicioso (y rápido)
paquete legislativo: la aprobación Decreto-Ley de Medidas
Urgentes para el Consejo de Ministros del próximo 30 de
diciembre, cuyos contenidos estrella son los siguientes:
- Paralización de la Oferta Pública de Empleo.
- Supresión de organismos autónomos, agencias y entidades
públicas (sector público empresarial).
- Reducción de gastos de funcionamiento de la
Administración.
Junto a lo anterior, la Ley de Estabilidad Presupuestaria
(prevista para enero) trata de convertir en mandato los
"compromisos recientes" con la UE, que se han gestado al
margen de la voluntad ciudadana:
- Reducción de la Deuda Pública hasta el 60% en 2020
(actualmente un 66%, RTVE, 16 de diciembre de 2011).
- Fijar un 0,4% de Déficit Público en 2020 (actualmente se
prevé que es un 6%, RTVE, 20 de diciembre de 2011).
- Distribución de la deuda/déficit entre las AA.PP.,
reducción de costes como responsabilidad de las mismas en
caso de incumplimiento.
¿Qué consecuencias tiene todo esto? Claras y dramáticas.
Vayamos por partes. En primer lugar, con un crecimiento
mínimo de la economía española (previsión del 0,3% del PIB
para el 2012 por parte de la OCDE), el haber sacrificado la
capacidad adquisitiva de la clase trabajadora con un paro
tan alto (23%, OCDE) y proponer ahora medidas de
desregulación del mercado que implicará, guste o no guste
decirlo, fuertes bajadas salariales, ahondando lo anterior,
¿cómo se reactivará la economía? ¿Quién cubrirá la demanda
interna para que las empresas puedan vender y superar sus
pérdidas?
En segundo lugar, la reducción abrupta de dos indicadores
macroeconómicos clave en la gestión del Estado (deuda
pública, déficit público), implica que no se está atendiendo
las necesidades sociales y económicas de la población, sino
que se asiste a una escalada de acumulación orgiástica en
manos de los bancos, a los que se puede premiar con nuevas
inyecciones financieras desde el Estado: ATTAC denunció, en
marzo de este año, que la transferencia directa a las
entidades bancarias en España se elevaba a unos 100.000
millones de euros. El cobro de la deuda pública, en los
términos en que se plantea, beneficiará a la banca. La
bajada generalizada de la presión fiscal colocará la gestión
del Estado en seria crisis, aun en el caso de reducción de
los gastos, máxime cuando la economía sumergida en España
representa un 23% del PIB ((Europa Press, citado por
Finanzas.com, octubre de 2008). Estos datos alarmantes,
junto al de que España es uno de los países con menor
percepción fiscal, no forman parte actualmente del debate
"democrático" que tiene lugar en la opinión pública
burguesa.
En tercer lugar, la supresión de empleo público, como la
posible moratoria de Oferta de Empleo Público, implica que
el Estado no va a aportar nada a la recuperación del empleo;
es más, ni creará puestos de trabajo, porque se eliminarán,
ni habrá inversiones públicas ni subvenciones, porque habrá
recortes. Además, estos recortes supondrán una reducción de
las políticas sociales y poner en riesgo las propias
pensiones, por lo anterior y por el aumento del paro. ¿De
dónde obtendrá los beneficios las PYMES, por ejemplo? El PP
sólo les deja la opción de aumentar la explotación económica
sobre la clase trabajadora para costear la recapitalización
de las empresas (ante el bloqueo de crédito bancario), la
incorporación de nuevas tecnologías a las mismas o mantener
un cierto nivel de beneficios, en un panorama estremecedor…
En cuarto lugar, la no duplicación de administraciones se
vincula a la propuesta de devolución de competencias de las CC.AA., según han propuesto tanto la presidente de la
Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, como el
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria
(ABC, 1 de diciembre de 2011), lo que conllevará no sólo un
calculado golpe demoledor a las CC.AA., sino además otro
golpe al "Estado al Bienestar", dado que éste sólo puede
funcionar de manera descentralizada para adaptarse a la
diversidad multirregional/multinacional del Estado español.
Esto puede afectar de lleno a la gestión educativa o
sanitaria, entre otras, y en términos de organización
territorial del Estado, esto puede suponer un serio intento
de hacernos retroceder a la España franquista o a la España
de la Restauración.
En quinto lugar, no se aborda para nada el problema del
déficit comercial ni de la deuda externa privada, ambos
indicadores ligados a los graves problemas de productividad
de las empresas en España. Al parecer, la receta es
competitividad, competitividad, más competitividad… Un
ejemplo para ilustrar la posición del PP: si tenemos en
Canarias un problema de ubicación de nuestros productos
agrarios, con respecto a los de Marruecos, sin ir más lejos,
en los mercados europeos, ¿cuál es la propuesta real?
¿Abaratar aún más los salarios de los/as trabajadores/as
canarios/as del campo, los más bajos de Europa (léase:
"flexibilidad laboral"), para igualarnos a los de los/as
trabajadores/as agrícolas de Marruecos, que apenas son de
subsistencia?
Llegado a este punto, y antes de concluir, me gustaría
profundizar un aspecto de los aquí tratados: es el referente
a la gestión macroeconómica del Estado. Resulta que el
asesor económico del Partido Republicano de EE.UU. Gregory
Mankiw, en su manual de introducción a la Economía,
establecía un mecanismo para la corrección de la deuda y del
déficit:
1) Que el porcentaje de crecimiento de la economía superase
al porcentaje de crecimiento de la deuda pública.
2) Que el porcentaje de crecimiento del déficit público no
superase al porcentaje de crecimiento de la deuda pública.
Éstas dos serían las condiciones de control del gasto
público. Evidentemente, Mankiw, con poca simpatía hacia este
mecanismo, analizaba realmente la praxis keynesiana del
Partido Demócrata de EE.UU. a partir de los años treinta del
siglo XX. Ahora bien, estas condiciones sólo serían útiles
para la izquierda en España en el marco de unas reformas
estructurales socialistas de la economía (en sentido
contrario al que propone Rajoy): nacionalización de la banca
y de los sectores estratégicos de la economía, fiscalidad
progresiva, planificación democrática, relaciones laborales
justas, renta general básica… Otra cuestión que queda clara
tras este análisis, a mi modo de ver, es que el PSOE, por la
política económica que ha aplicado, se ha quedado a la
derecha del Partido Demócrata, lo cual es gravísimo.
En este contexto, es simpática, cuando no oportunista, la
siguiente frase del discurso de Rajoy: "entendemos que el
mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos, sino que
tiene que provenir de las Administraciones Públicas".
Contestemos con elegancia revolucionaria: sin un Estado
fuerte que garantice la democracia participativa y la
equidad social nunca podrá haber una ciudadanía que se
precie como tal; es más, sin una sociedad civil articulada
sobre la base de asambleas populares y organizaciones
sociales y políticas de masas, que puedan incidir en la
acción del Estado para favorecer el interés general, hablar
de ciudadanía es una broma macabra. La ciudadanía de Rajoy
no es más que la "comunidad de intereses" ficticia que trata
de crear entre la oligarquía financiera y las clases medias,
pasando por la ruptura interna de la clase trabajadora
(sector público contra sector privado, empleados contra
parados). Hay que invertir esta correlación de fuerzas. Si
el sr. Rajoy quiere ciudadanía la tendrá, en forma de férrea
oposición a su Gobierno y al Capital financiero.
Es por tanto, más necesario que nunca, impulsar una
alternativa de Estado desde la resistencia civil: no bastan
propuestas defensivas de nuestros derechos constitucionales;
hace falta plantear puntos de ruptura concretos con el
Capital. Éste es el escenario donde puede hacerse realidad
el sueño del socialismo democrático y de la unidad de la
izquierda.
